
La denuncia fue ordenada por la ministra de Seguridad y presentada por Fernando Soto, funcionario de esa cartera nacional.
«El acceso a las conversaciones de los Oficiales cesanteados y al Oficial Retirado Maximiliano Bondarenko evidencia la posibilidad verosímil de la comisión del delito de Espionaje Ilegal», indica la denuncia.
«El acceso a sitios de aplicaciones móviles privadas, no es ‘Ciberpatrullaje’, sino que es Espionaje Ilegal, porque viola la privacidad y la intimidad de las personas», añade.
Los 24 policías echados están sospechados de formar parte de una “acción conspirativa” y de operar para Bondarenko desde oficinas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Tras una serie de allanamientos, el Gobierno de Kicillof denunció penalmente a los agentes involucrados e incluyó las conversaciones del chat «Equipo Rocket» (como se llamaba el grupo de WhatsApp) en una resolución.
El Gobierno de Milei denuncia «persecución ideológica» en la Provincia:
En la denuncia con la que respondió Patricia Bullrich, apuntan directamente a una persecución ideológica como motivo de los despidos. «La única razón por la que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso inmediatamente la sanción de los 24 oficiales que cesantearon, responde a razones puramente ideológicas y con el fin ulterior de ‘disciplinar’ al conjunto de uniformados de la Provincia», indica la presentación judicial.
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