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La inseguridad alimentaria entre niñas, niños y adolescentes alcanza niveles récord, el 51% de quienes viven en hogares con empleo informal padecen malnutrición.
En la Argentina actual, tener empleo dejó de ser sinónimo de estabilidad o sustento garantizado. Hoy, más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes que crecen en hogares donde los adultos trabajan en condiciones informales sufre algún grado de inseguridad alimentaria.
La informalidad laboral —que alcanza a más del 40% de la población ocupada— no solo impide acceder a derechos básicos, sino que condena a millones de familias a vivir por debajo de la línea de pobreza, aun trabajando.
La falta de acceso regular a una alimentación adecuada impacta directamente en la salud, el desarrollo cognitivo, el bienestar emocional y el rendimiento escolar. Sin una política pública sostenida que garantice derechos básicos, la escuela, los comedores comunitarios o las transferencias sociales terminan siendo los únicos espacios de contención para millones de chicos y chicas.
A nivel territorial, la situación es aún más grave en regiones como el NOA, Cuyo y el NEA, donde la informalidad laboral supera el 50%. Esta desigualdad geográfica también condiciona el acceso a alimentos y servicios esenciales.
